Asaja Granada aborda, con los delegados de Agricultura y de Gobierno de la Junta, asuntos vitales para el campo

El secretario general de la asociación agraria, Manuel del Pino López, denunció una serie de problemas para el sector agroganadero derivados de la declaración del Estado de alarma por COVID-19, principalmente en ovino y caprino por la caída en la ventas, y constató la inoportunidad e ineficacia de la suspensión de determinados trámites administrativos relativos a quemas de restos de poda o suspensión de autorizaciones para el control de daños por fauna silvestre que dificultan las labores propias de un sector que por su esencialidad no puede parar en estos críticos momentos. También planteó la necesidad de abastecimiento de Equipos de Protección Individual para los trabajadores agrarios que están en la brecha, así como la búsqueda de una solución para los trabajadores extranjeros que han finalizado contratos y no pueden volver a sus países. 

 

El secretario general de Asaja Granada, Manuel del Pino López, ha mantenido una reunión por videoconferencia con la delegada provincial de Agricultura, María José Martín Gómez, y con el delegado de Gobierno de la Junta de Andalucía, Pablo García Pérez, en la que se abordaron asuntos vitales para el sector agroganadero derivados de la declaración del Estado de alarma por COVID-19 con la voluntad de darles una solución.

La máxima preocupación se centró en el sector de ovino y caprino de carne por la bajada del consumo ante el cierre total de la restauración, principal destinatario de la producción, y en consecuencia de las cotizaciones de los cabritos y corderos y, unido a esto, la dificultad de encontrar un comprador en plena paridera (el momento del año en que hay más nacimientos) y tener que estar alimentando a los animales en la explotación durante más tiempo perdiendo su categoría comercial al pasarse de peso y edad e incrementándose costes. Frente a esta situación, Manuel del Pino, planteó a los responsables políticos la flexibilización de las condiciones para cobrar la prima asociada de las ayudas PAC, la publicación urgente por parte de la Consejería de Agricultura de las ayudas pendientes a la ganadería extensiva y la agilización de  los pagos de las ayudas directas aprobadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Asimismo, como remedio a corto plazo, para cuando se abra el canal HORECA, propuso que desde la Administración autonómica se apoye el sacrificio de animales y congelación de canales junto con la prohibición de importación de terceros países hasta terminar con el stock, involucrando en esto a la Gran Distribución.  

Se pasó luego a otros problemas, más de carácter administrativo, que han estado dificultando las labores propias del sector agroganadero que por su esencialidad no puede parar en estos críticos momentos, como ha sido la suspensión de autorizaciones para quemas de restos de poda cuando no hay peligro alto de incendios forestales y las restricciones en las autorizaciones para el control de daños en cultivos por fauna silvestre cuando más amenazados están, en concreto los herbáceos, en pleno desarrollo vegetativo, y los arbóreos, como el olivar y almendro. En este sentido hubo una respuesta muy positiva dictando la delegada provincial de Agricultura, en primer lugar, de forma casi inmediata, la Resolución de levantamiento de la suspensión de la prohibición de las quemas de restos de poda por considerar las tareas de eliminación de rastrojos y residuos agrarios imprescindibles para evitar el desarrollo y proliferación de plagas y, en segundo lugar, comprometiéndose a arbitrar las medidas para que los titulares de cotos puedan autorizar a terceros para realizar los aguardos y acechos previamente autorizados en sus Planes Técnicos de Caza como modo de control poblacional de jabalíes y corzos. 

Se trató también sobre los Equipos de Protección Individual (EPIS) con el fin de que  no se deje de tener en cuenta al sector en el reparto, puesto que también a los profesionales agrarios les obligan las normas de protección y prevención establecidas en el Real Decreto 463/2020 de declaración del estado de alarma sanitaria. ofreciéndose nuestra organización como intermediaria entre los agricultores y la Administración autonómica para trasladar las necesidades reales. Y, por último, se puso en consideración de los delegados autonómicos su intercesión con la Administración central a través de la Subdelegación del Gobierno para que se arbitren medios de repatriación de los trabajadores extranjeros que han finalizado sus contratos en las campañas de aceituna y espárrago. 

 

Fuente: Asaja Granada

 

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