El Copa y la Cogeca piden a los negociadores sobre Envases que encuentren un acuerdo viable para el sector de frutas y hortalizas

Las próximas semanas serán cruciales para el avance del Reglamento de Envases y Residuos de Envases (PPWR), ya que se espera que la votación del Parlamento Europeo sobre el acuerdo provisional tenga lugar durante su sesión plenaria del 24 de abril, mientras que el Consejo de Ministros de Medio Ambiente lo hará en una de las dos reuniones que quedan antes de junio.

En lo que se refiere específicamente a las frutas y hortalizas, el borrador en discusión incluye una serie de disposiciones que han puesto en contra a toda la cadena alimentaria, desde el productor hasta el distribuidor. Por un lado, se establece un trato discriminatorio para el sector hortofrutícola: mientras que para otros sectores económicos se fijan objetivos generales y graduales, para las frutas y hortalizas frescas se prevé una prohibición drástica del uso de envases de plástico y de pegatinas no compostables. Un acuerdo provisional que el sector ha calificado de desproporcionado, y contraproducente. 

La Comisión Europea, el Consejo y el Parlamento Europeo han ignorado hasta ahora los argumentos esgrimidos de forma reiterada y conjunta por productores, comercio, exportadores y minoristas en contra de tal disposición por considerar que no reducirá sino que agravará el desperdicio alimentario, tendrá efectos contrarios al objetivo de sostenibilidad que persigue, impedirá a los productores comunitarios potenciar el valor y diferenciar sus productos o marcar su origen, empeorará las posibilidades de trazabilidad y seguridad alimentaria y, además, agravará la tendencia ya a la baja en el consumo de frutas y hortalizas; componente esencial de una dieta saludable. 

Por otro lado, el reglamento que se debate prevé un margen de subsidiariedad muy amplio para los países. Los Estados miembros que ya hayan legislado en esta materia podrán mantener sus propias normas nacionales (aunque vayan más allá del PPWR) a pesar de la adopción de la normativa comunitaria. Además, a la hora de decidir los productos exentos de la prohibición del uso de envases, se establece que será cada país el que defina sus propias excepciones y no la UE. Es decir, de aprobarse, el PPWR en su redacción actual permitirá que coexistan en la Unión tantas normas como países para un mismo producto hortofrutícola, lo que contradice el enfoque integrado del mercado único de la UE. 

El Copa y la Cogeca denuncian esta iniciativa sin precedentes, contraria al papel armonizador que se supone que deben desempeñar las instituciones de la UE, y recuerdan que la armonización era, de hecho, uno de los principales objetivos declarados del PPWR. 

El Copa y la Cogeca también piden al Parlamento que modifique el proyecto actualmente en discusión para alinearlo con la posición adoptada en el Pleno para garantizar que el PPWR exima de la restricción a los envases de un solo uso para frutas y hortalizas frescas, para no introducir un obstáculo al correcto funcionamiento y a la libre circulación de frutas y hortalizas en el mercado único de la UE. 

El Presidente del Grupo de Trabajo de Frutas y Hortalizas del Copa y la Cogeca, Luc Vanoirbeek, declaró: “Para una cooperativa europea de frutas y hortalizas, que comercializa decenas de productos diferentes, destinados a múltiples países de la Unión, es impensable coordinar su actividad de acondicionamiento, si las normas de envasado fueran diferentes en cada país.” 

El Copa y la Cogeca aconsejan reorientar este expediente para derogar las disposiciones nacionales ya adoptadas y que las instituciones (en colaboración con el sector) busquen un marco normativo con condiciones armonizadas para el uso racional de los envases en el sector hortofrutícola en toda la UE. Buscamos la proporcionalidad, la no discriminación, la medición objetiva de la sostenibilidad de las medidas y llegar a una norma de idéntica aplicación en todos los Estados miembros. Esto facilitaría la libre circulación y comercialización de estos productos en el mercado único de la UE y evitaría los costes que supondría para las empresas tener que lidiar con normas diferentes y cambiantes según el país de destino. 

En un contexto en el que la Unión Europea acaba de renovar su compromiso con el sector agroalimentario, sería incomprensible cerrar esta legislatura con semejante atropello a los intereses del sector hortofrutícola, especialmente dependiente de las exportaciones intracomunitarias. 

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